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Modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones para completar el desarrollo de la Ley 12/2022, que impulsa los planes de pensiones de empleo. Regula la integración de planes simplificados en fondos de empleo, sus promotores, partícipes, información, movilización de derechos y comisión de control.

Modifica la normativa que regula la prestación económica de la Seguridad Social para progenitores, guardadores o acogedores que reducen su jornada para cuidar a menores de 18 años con cáncer u otra enfermedad grave. Actualiza las condiciones de acceso, cuantía, duración y gestión de esta prestación.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que cobran Pensiones No Contributivas, Fondo de Asistencia Social o Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y residen en Canarias, para hacer frente a efectos sociales de la COVID-19 en 2022. También modifica algunos puntos de la Ley 5/2022 de Renta Canaria de Ciudadanía.

Desarrolla cómo se calcula y se cobra el complemento económico por jubilación demorada, es decir, cuando alguien se jubila más tarde de la edad ordinaria. Regula las tres formas de cobrarlo: un porcentaje extra en la pensión, una cantidad a tanto alzado o una combinación de ambas.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Incluye un Mecanismo de Equidad Intergeneracional y cambia la regulación de la jubilación parcial.

Establece un nuevo sistema de incentivos a la contratación laboral, con bonificaciones a la Seguridad Social para contratos indefinidos y formativos de determinados colectivos. También regula medidas de protección social para las personas artistas.

Fija qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales del INSS y qué dirección resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional. Sustituye a la resolución de enero de 2022.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Fija la subida de las pensiones de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas para 2023. Establece un aumento general del 8,5 % y regula cómo se aplica, los complementos por mínimos y las cuantías de prestaciones familiares y ayudas sociales.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para que el tiempo de servicio social obligatorio de la mujer cuente, con un límite de un año, para acceder a la pensión de jubilación parcial, igual que ya ocurre con el servicio militar y la prestación social sustitutoria.

Regula cómo el Ingreso Mínimo Vital se combina con los ingresos del trabajo o de la actividad por cuenta propia. Establece una parte de esos ingresos que no se descuenta de la prestación (renta exenta) para que trabajar resulte más rentable. Fija el cálculo, el reconocimiento de la exención y su evaluación.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en sus ingresos reales, con tramos de bases y cuotas según rendimientos. También mejora la protección por cese de actividad y prevé una aplicación gradual entre 2023 y 2025.

Regula cuándo se entiende causada la pensión de jubilación contributiva y el ingreso mínimo vital. En la jubilación, la persona interesada puede elegir la fecha del hecho causante si cumple los requisitos. En el ingreso mínimo vital, el hecho causante es la fecha de presentación de la solicitud.