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Regula la concesión directa de subvenciones a entidades locales y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Estas ayudas financian actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas víctimas de la Guerra de España y la Dictadura.

Establece las normas para conceder directamente una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar los gastos de funcionamiento de su actividad. La FEMP representa a más del 95 por ciento de los gobiernos locales españoles.

Cambia la organización del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Sustituye la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática por dos nuevas direcciones generales y suprime órganos. También modifica la estructura básica de los departamentos ministeriales.

Crea el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. El Comisionado impulsa, coordina y hace seguimiento de las medidas de la Administración General del Estado y facilita la coordinación con otras administraciones territoriales.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y regula su composición, funcionamiento y funciones. Este órgano coordina internamente las políticas de administración digital del departamento.

Crea la Plataforma Digital de Colaboración entre las Administraciones Públicas, llamada Cooper@, y regula cómo se configura y funciona. La plataforma sirve para facilitar las relaciones electrónicas de los órganos de cooperación entre administraciones, como las Conferencias Sectoriales.

Crea y regula la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y la Mesa de Contratación de los Servicios Periféricos de las Delegaciones del Gobierno. Define sus funciones, composición y funcionamiento.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada órgano. Incluye la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma.

Crea la Comisión Interministerial de Inmigración, un órgano de varios ministerios adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Su función es impulsar y coordinar las medidas de la Administración General del Estado para atender los flujos migratorios irregulares.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Reorganiza la Administración General del Estado en 22 ministerios y fija las competencias y la estructura interna de cada uno. También adscribe organismos públicos a los nuevos departamentos y suprime los órganos que desaparecen.