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Regula la concesión directa de subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias que tienen acuerdos de cooperación con el Estado: la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Establece las entidades beneficiarias, las actuaciones a financiar, las cuantías, los gastos subvencionables y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Crea y regula las Juntas y Mesas de Contratación del nuevo Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Estado de Justicia. Define sus funciones, composición y funcionamiento, y deroga las órdenes anteriores de los ministerios suprimidos.

Desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Industria y Turismo hasta el nivel de subdirección general. Define los órganos de las Secretarías de Estado de Industria y Turismo, la Subsecretaría y la Secretaría General Técnica, y actualiza sus funciones.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Estas subvenciones financian la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos durante el ejercicio presupuestario 2024.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hasta el nivel de subdirección general. También modifica normas sobre la Abogacía General del Estado, el Centro de Estudios Jurídicos y la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Reorganiza la Administración General del Estado en 22 ministerios y fija las competencias y la estructura interna de cada uno. También adscribe organismos públicos a los nuevos departamentos y suprime los órganos que desaparecen.