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La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2021: fija los créditos y dotaciones iniciales, su financiación y las normas para gestionar gastos e ingresos. Incluye medidas sobre personal, tasas y un canon sobre el vertido e incineración de residuos.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Modifica varias leyes de La Rioja para 2020. Incluye cambios en impuestos propios y cedidos (IRPF, patrimonio, sucesiones, transmisiones y juego) y medidas administrativas en turismo, agua, juego, hacienda, contratación, patrimonio, innovación, servicios sociales, carreteras, viñedo, educación, animales y desarrollo económico. También reactiva el Defensor del Pueblo Riojano.

La ley aprueba un conjunto de medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2020. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios y modificaciones de normas sobre empleo público, medio ambiente, servicios sociales, economía, cultura, educación, sanidad y deporte.

Regula el uso recreativo de las aguas termales en Galicia. Establece cómo se declaran esas aguas, qué autorización o concesión se necesita para aprovecharlas, las condiciones de las instalaciones y el régimen de inspección y sanciones.

La ley regula las cooperativas de Euskadi: cómo se crean, cómo se organizan, quién puede ser socio, sus órganos de gobierno, su régimen económico, su disolución y las clases de cooperativas. También regula el Registro de Cooperativas y el Consejo Superior de Cooperativas.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.