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Crea la Unidad de Seguimiento de la Estrategia Española de Financiación Climática Internacional, un órgano colegiado que impulsa esta estrategia y coordina a los ministerios implicados. La estrategia planifica los recursos que España destina a países en desarrollo en materia de clima.

Crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y regula su estructura y funcionamiento. Establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar y publicar planes de reducción de emisiones para determinadas empresas.

Establece las tarifas que se cobran en el área española del Registro de Derechos de Emisión de la Unión Europea, creado por la Ley 1/2005. Regula qué cuentas pagan, qué servicios adicionales se prestan y qué ocurre si no se paga.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Crea la Asamblea Ciudadana para el Clima y fija su composición, organización y funcionamiento. Regula su mandato, su gobernanza y el método de trabajo, en línea con el derecho a participar en asuntos ambientales.

Desarrolla el ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2021-2030. Regula las obligaciones de información de las instalaciones, los ajustes de la asignación y la expedición de derechos, así como las solicitudes de los nuevos entrantes.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.