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La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la sequía excepcional en Cataluña y complementa el Decreto-ley 1/2023. Permite tramitar por emergencia obras y actuaciones prioritarias de abastecimiento de agua y prevé aportaciones económicas y un plan de apoyo a la actividad agraria.

La ley regula la calidad ambiental en el Principado de Asturias. Establece el acceso a la información y la participación pública, crea instrumentos para mejorar la calidad ambiental y fija autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente. También regula la vigilancia, el control y la disciplina ambiental.

La ley regula la gestión del agua de uso urbano en Extremadura: quién tiene competencias (Junta, municipios y entes supramunicipales), cómo se planifica y se da información al público, cómo se financian los servicios y qué infracciones y sanciones existen.

La ley regula cómo garantizar el suministro de agua en Galicia durante episodios de sequía y situaciones de riesgo sanitario. Establece planes de sequía y de emergencia, medidas de control y obligaciones para las administraciones y los responsables de los sistemas de abastecimiento.

Regula la gestión del ciclo integral del agua en Galicia: abastecimiento, saneamiento y depuración. Ordena las aglomeraciones urbanas, la prestación de los servicios y la actuación de Augas de Galicia. Crea cánones para financiar la gestión de depuradoras, redes de colectores y abastecimientos.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Suspende la aplicación del canon medioambiental del agua previsto en la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. El canon gravaba el uso y consumo de agua en la región. La suspensión se mantiene sin plazo fijado.

Regula la gestión del agua en Castilla-La Mancha: competencias de la región y los ayuntamientos, planificación de abastecimiento y depuración, normas del servicio, obras, cánones (DMA, aducción y depuración) y régimen sancionador.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.