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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea en Extremadura un nuevo grado de dependencia extrema (Grado III+) para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Regula su reconocimiento, sus efectos y el programa individual de atención, y modifica varias normas autonómicas sobre dependencia y ayudas económicas.

Modifica las normas de Canarias sobre las prestaciones económicas de atención a la dependencia. Regula la prestación de asistencia personal y el régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre prestaciones, adaptándolo al nuevo Grado III+ de dependencia extrema.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Sube un 6 % los importes de las plazas en conciertos sociales y convenios con ayuntamientos de la Región de Murcia. Afecta a centros de día, atención residencial y promoción de la autonomía personal de personas mayores y personas con discapacidad, y al servicio de atención temprana. El aumento se aplica desde el 1 de enero de 2025.

Regula el derecho de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia a acceder a espacios públicos, transportes, lugares de trabajo y espacios privados de uso colectivo en la Comunitat Valenciana. Establece cómo se reconoce, identifica, suspende y pierde la condición de perro de asistencia, y fija un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica el anexo del Decreto-ley 4/2025, que regula la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias. Añade tres diagnósticos del sistema nervioso, corrige un código de diagnóstico y traduce al castellano una tabla del sistema digestivo.

Regula cómo se valora y califica el grado de discapacidad en Canarias. Fija qué órganos deciden, cómo se inicia y tramita el procedimiento, cómo se resuelve y cómo se revisa el grado reconocido.

Modifica la Ley 12/2018 de servicios sociales de las Illes Balears para regular el copago de los usuarios en la atención a la dependencia. El copago se configura como prestación patrimonial pública no tributaria (tarifa), adaptando la norma a dos sentencias del Tribunal Supremo.

La ley establece medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomentar la corresponsabilidad en las Illes Balears. Regula actuaciones en el sector público, el sector privado y entre los trabajadores autónomos, e incluye planificación, seguimiento y medidas fiscales.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Modifica el Código del Derecho Foral de Aragón en dos materias: la custodia o convivencia de los hijos tras la ruptura de los padres y las sucesiones por causa de muerte. Cambia así normas civiles aragonesas sobre estas cuestiones.

La ley establece beneficios fiscales en Extremadura para facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a jóvenes, colectivos vulnerables y afectados por ELA, y prorroga medidas tributarias vigentes hasta 2024. También adapta la normativa fiscal a la prórroga presupuestaria de 2025.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para cambiar la terminología con la que se refieren a las personas con discapacidad y eliminar términos peyorativos. Los cambios afectan a normas de gobernanza, hacienda pública, consumo, ámbito social y sanitario, espectáculos públicos, deporte y cultura.

La ley regula la accesibilidad universal en la Comunitat Valenciana. Establece medidas contra la discriminación, competencias de las administraciones y requisitos de accesibilidad en comunicaciones, espacios públicos, transporte, empleo, justicia y emergencias. También crea planes de accesibilidad y un régimen sancionador.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas de residuos y agua, y en normas sobre finanzas, subvenciones, urbanismo, carreteras, vivienda protegida, turismo, discapacidad y sanidad.