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Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de vivienda protegida, transporte, medios audiovisuales, servicios sociales, violencia de género, productos sanitarios, despoblación y hacienda. También cambia normas tributarias, con una nueva deducción por residencia habitual en zonas rurales.

Crea tres figuras tributarias: un gravamen temporal a las grandes empresas energéticas, otro a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y un impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas. También modifica varias normas tributarias, entre ellas las de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Sociedades.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Crea una reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha y una corporación para gestionarla. Obliga a los centros sanitarios, sociosanitarios y sociales de la región a mantener existencias mínimas de material sanitario. Regula también las infracciones y sanciones por incumplir estas obligaciones.

Establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria en Aragón para controlar la pandemia de COVID-19. Regula un sistema de niveles de alerta con medidas de aforo, reuniones, distancia de seguridad y mascarillas, y el confinamiento perimetral. Incluye inspección, sanciones y autorización judicial.