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Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

Modifica la Ley 23/2011 de depósito legal para adaptarla a los cambios del sector editorial. Añade nuevos tipos de publicaciones que deben depositarse, como las de impresión bajo demanda, y elimina otras sin valor bibliográfico nacional. También ajusta el depósito de publicaciones en línea.

Regula el juego y las apuestas en La Rioja: fija las modalidades permitidas, las autorizaciones y los establecimientos donde se practican, y establece medidas para prevenir el juego problemático y patológico. También crea órganos de control, un registro de interdicciones de acceso y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la ley gallega de prevención y tratamiento de la violencia de género para incluir la violencia digital como una forma de violencia de género. Define la ciberdelincuencia contra la mujer y regula conductas como el acoso por redes sociales, la difusión de imágenes sin consentimiento o la usurpación de identidad.