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Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Actualiza el Reglamento Interno del Banco de España. Refuerza la independencia de la auditoría interna, permite reuniones de los órganos rectores a distancia, simplifica el procedimiento sancionador y crea la Oficina Independiente de Evaluaciones.

Actualiza las normas contables de las entidades de crédito para alinearlas con las normas internacionales de información financiera adoptadas en la Unión Europea. También modifica la normativa sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

Modifica la Orden ECO/805/2003, que fija cómo se calcula el valor de tasación de inmuebles para fines financieros. Aclara qué autorizaciones administrativas previas a la licencia de obra sirven para obtener una tasación válida y ajusta los elementos a tener en cuenta en la valoración.

Actualiza la normativa del Banco de España sobre la información que bancos, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico deben comunicar sobre sus participaciones y su estructura de capital. También modifica parcialmente la Circular 1/2009 y fija cómo presentar esos datos.

Establece las condiciones generales de las operaciones con las que el Tesoro Público cede temporalmente su liquidez al mercado: adquisición temporal de activos y depósitos a plazo en entidades financieras. Regula los tipos de operación, los plazos, el rendimiento y los procedimientos de subasta y negociado.

Modifica dos circulares del Banco de España para adaptarlas a la Ley 18/2022: prohíbe a entidades de crédito de fuera de la Unión Europea captar depósitos del público en España sin sucursal y fija criterios de valoración en la autorización. También revisa la información sobre remuneraciones que entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito deben enviar al Banco de España.