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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Aprueba el nuevo Reglamento de Régimen Interno del FROB, que sustituye al de 2014. El reglamento tiene 25 artículos y regula los órganos de gobierno, la organización interna, la contratación, el régimen económico y el control del Fondo.

Modifica dos reales decretos sobre fondos de garantía de depósitos y sobre la recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Regula cómo se calcula y aplica el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles de los bancos.

Regula los créditos revolventes o revolving, un tipo de crédito renovable asociado a tarjetas y otros medios de pago. Establece deberes de información precontractual, periódica y adicional para las entidades, y un derecho de desistimiento para el cliente. También modifica normas sobre la Central de Información de Riesgos y la publicidad bancaria.

Establece las normas que debe cumplir la publicidad de productos y servicios bancarios para ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa. Regula cómo las entidades controlan su propia publicidad y cómo el Banco de España la supervisa.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que adopta medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.