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Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a entidades que colaboren en la ejecución y seguimiento de penas y medidas alternativas a la prisión y en programas de atención social. Regula requisitos, procedimiento, criterios de valoración, pago y justificación.

Reanuda de forma paulatina en los centros penitenciarios las comunicaciones ordinarias de los internos, las salidas de permiso y programadas, los traslados y las actividades educativas, formativas, terapéuticas, deportivas, culturales y religiosas. Estas actividades pueden volver a suspenderse si la situación epidemiológica lo aconseja.