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Aprueba el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal, que sustituye al reglamento de 1969. Regula la organización, los principios de actuación, la carrera fiscal, la provisión de destinos, permisos, derechos y deberes, incompatibilidades, jubilación y régimen disciplinario.

Modifica el Concierto Económico con el País Vasco para adaptarlo a los cambios del sistema tributario estatal. Actualiza el reparto de competencias y la gestión de varios impuestos, entre ellos el IVA y el Impuesto sobre Sociedades.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Aprueba el modelo 179, una declaración informativa trimestral sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Fija quiénes deben presentarla, qué datos incluye, el plazo y el procedimiento para enviarla.

Modifica el Reglamento del IVA, el de facturación y el de gestión e inspección tributaria. Desarrolla normas de la Unión Europea y amplía los regímenes especiales de ventanilla única para simplificar trámites. Regula el régimen de importación y las condiciones para actuar como intermediario.

Modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa y otras normas tributarias. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2017/1852 sobre resolución de litigios fiscales entre Estados miembros y medidas del Proyecto BEPS de la OCDE. Regula cómo se inician, desarrollan y terminan estos procedimientos, incluidas comisiones consultivas.

Desarrolla cómo se determina el lugar donde se encuentran los dispositivos de los usuarios para aplicar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. También fija qué registros y memoria descriptiva deben llevar las empresas obligadas y modifica el reglamento general de gestión e inspección tributaria.

Modifica el reglamento de gestión e inspección tributaria para obligar a declarar a la Administración tributaria española los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal que presenten determinadas «señas distintivas». Con ello se traspone al ordenamiento español una directiva europea sobre intercambio automático de información fiscal.