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Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Establece un nuevo Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual. Modifica normas sobre protección de deudores hipotecarios y adopta otras medidas para mejorar el mercado de préstamos hipotecarios.

Aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía y reducir el consumo de gas natural, en el marco del plan «+SE». Incluye cambios en el bono social térmico y eléctrico, flexibilización de contratos de suministro, impulso al autoconsumo y medidas fiscales. También fija un incremento retributivo adicional para el personal del sector público en 2022 y reduce las jornadas cotizadas para el subsidio agrario por la sequía.

Equipara las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar con las del resto de trabajadores por cuenta ajena. Incluye cambios en prevención de riesgos laborales, cotización, desempleo y Fondo de Garantía Salarial para este colectivo.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Modifica la Ley de Montes y adopta medidas urgentes para prevenir, vigilar y extinguir incendios forestales. Refuerza la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas, el sector privado y la sociedad durante todo el año.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Adopta medidas urgentes para paliar los daños de la sequía en el sector agrario. Incluye aplazamientos de cuotas de la Seguridad Social, reducciones fiscales, apoyo a la financiación y medidas excepcionales para las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana.

Establece medidas para proteger a los trabajadores autónomos, regular el paso a los nuevos mecanismos de defensa del empleo y apoyar la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica. También prorroga ayudas para personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

Aprueba medidas urgentes complementarias para reparar los daños causados por la erupción volcánica en La Palma y para la recuperación económica y social de la isla. Incluye ayudas en vivienda, tributos, carreteras, sector agrario y pesquero, cultura y Seguridad Social.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños de la erupción volcánica de La Palma y reconstruir la isla. Incluye apoyos para vivienda, empleo, Seguridad Social, consumo, impuestos, suministros, infraestructuras, agricultura y pesca.

Prórroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y las exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. También mantiene las prestaciones por desempleo extraordinarias y las ayudas por cese de actividad para trabajadores autónomos. Incluye medidas específicas para Canarias por la erupción volcánica.

Establece medidas urgentes para reducir el efecto de la subida del precio del gas natural en la factura de la luz y el gas. Crea un suministro mínimo vital, ajusta impuestos energéticos y aplica un mecanismo que limita los ingresos extra de las eléctricas por el gas caro.

Prorroga medidas de protección social que terminaban el 9 de agosto de 2021 para personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Incluye medidas en materia de vivienda y de violencia de género, y modifica normas anteriores para mantener su vigencia.