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Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras organizaciones. Establece las entidades beneficiarias, las actividades subvencionables, las cuantías, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las entidades.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica varias normas sobre las intervenciones de los sectores de frutas y hortalizas, vitivinícola y apícola dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. Refuerza la verificación de requisitos de las organizaciones de productores hortofrutícolas mediante la herramienta SOFYH y actualiza las reglas de retiradas de mercado y del sector vitivinícola.

Regula la concesión directa de ayudas para comprar vehículos eléctricos y electrificados dentro del Programa Auto+. Fija quiénes pueden solicitarlas, cómo se piden, los plazos y las cuantías, y cómo se controlan y reintegran.

Regula la concesión directa de subvenciones en 2026 a entidades culturales para proyectos de patrimonio cultural y bellas artes. Fija las entidades beneficiarias, las actividades y cuantías, los gastos cubiertos, el procedimiento de concesión, el pago y la justificación.

Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal en Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, simplificación agraria y medidas fiscales.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar el funcionamiento de plantas potabilizadoras de agua en su territorio. La norma fija la entidad beneficiaria, el procedimiento, las obligaciones, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.