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Establece medidas urgentes en Canarias sobre vivienda protegida: regímenes, precios máximos, superficie, duración de la protección y derechos de tanteo y retracto. También regula el visado de autorizaciones de transporte por carretera y exenciones de cánones en puertos autonómicos.

Establece una prestación extraordinaria para paliar los efectos sociales de la COVID-19 en Canarias. Va dirigida a personas que cobran pensiones no contributivas, el Fondo de Asistencia Social, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y la Prestación Canaria de Inserción. Regula su cuantía, pago, financiación y beneficiarios.

Modifica la Ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción para coordinarla con el Ingreso Mínimo Vital estatal. Ajusta requisitos y trámites de la prestación canaria y prevé la cesión de datos de sus perceptores a la Seguridad Social.

Modifica el Decreto ley 6/2020 de Canarias, que creó el Ingreso Canario de Emergencia y flexibilizó la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción para personas en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. El cambio se aprueba mediante un artículo único y una disposición final sobre su entrada en vigor.

Modifica el Decreto-ley 4/2020 de Canarias, que recoge medidas económicas, fiscales y administrativas para afrontar la crisis del COVID-19. El cambio afecta al artículo 3, sobre ayudas para el sostenimiento del empleo y apoyo social, en particular a autónomos.

Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Regula una ayuda para la compra de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud en Canarias. Está dirigida a pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con renta anual inferior a 18.000 euros. La norma fija quién puede recibirla, cómo se acredita, su cuantía, el abono y el procedimiento de gestión.