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La ley regula la calidad ambiental en el Principado de Asturias. Establece el acceso a la información y la participación pública, crea instrumentos para mejorar la calidad ambiental y fija autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente. También regula la vigilancia, el control y la disciplina ambiental.

Regula cómo se pide y se concede la autorización administrativa para crear redes de distribución de energía eléctrica cerradas. Estas redes suministran electricidad a una zona industrial, comercial o de servicios concreta y reducida geográficamente. Fija los requisitos, derechos y obligaciones de sus titulares y consumidores, y el procedimiento ante la Administración.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para compensar la subida de precios. Incluye ayudas para personas desempleadas, pagos para personas en situación de dependencia, una ayuda para beneficiarios del Bono Social Térmico y aumentos de la renta social garantizada y de emancipación.

Publica un acuerdo del Consejo de Ministros que fija las condiciones del segundo tramo de una línea de avales públicos de 500 millones de euros. Estos avales respaldan la financiación que las entidades financieras conceden a empresas y autónomos de la industria gas intensiva. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas al PERTE Naval y convoca las ayudas de 2023. Cambia el cálculo de la contribución climática para incluir subvención y préstamo juntos, y regula la convocatoria anticipada de 2023.

Aprueba la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Cataluña para financiar actuaciones que faciliten el desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado. La norma fija la cuantía, las actuaciones financiables, las obligaciones de la beneficiaria y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Regula cómo se gestionan y controlan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España y establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos. También fija normas sancionadoras en sectores agrarios conexos, como el aceite de oliva, la leche, la cría animal y la nutrición de suelos.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos empresariales que creen empleo en zonas de transición justa, es decir, territorios afectados por el cierre de actividades como el carbón o las centrales térmicas. Las ayudas cubren el periodo 2022-2027 y se tramitan por vía electrónica.

Establece las bases reguladoras y abre la convocatoria de ayudas para impulsar la economía circular en las empresas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Regula quién puede solicitar las ayudas, qué actuaciones se subvencionan, cómo se evalúan y cómo se pagan.

Amplía el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Añade 4.200.000 euros a Cantabria y 9.930.916,48 euros a Castilla-La Mancha. El programa está regulado por el Real Decreto 263/2019.

Establece nuevas cualificaciones profesionales de las familias Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, y Fabricación Mecánica, y las incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Además, suprime una cualificación de la familia Energía y Agua que había fijado el Real Decreto 716/2010.