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Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Incluye un Mecanismo de Equidad Intergeneracional y cambia la regulación de la jubilación parcial.

Establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en sus ingresos reales, con tramos de bases y cuotas según rendimientos. También mejora la protección por cese de actividad y prevé una aplicación gradual entre 2023 y 2025.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Establece medidas urgentes y temporales para asegurar que haya suficientes trabajadores en las labores agrarias durante la crisis del COVID-19. Regula quién puede acogerse a la flexibilización laboral, la compatibilidad de prestaciones y las obligaciones de las empresas.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

Deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Con ello, deja de permitirse extinguir el contrato con indemnización reducida por superar ciertos porcentajes de ausencias justificadas o injustificadas.