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El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el método de cálculo de los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades para empresas con cifra de negocios superior a diez millones de euros. La duda era si ese método vulnera el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto-ley 3/2016 que modificaban el impuesto sobre sociedades. La cuestión queda sin objeto porque esos mismos preceptos ya fueron declarados inconstitucionales y nulos por una sentencia anterior.

El Tribunal Constitucional declara nulas las modificaciones del impuesto sobre sociedades introducidas por el artículo 3.1, apartados primero y segundo, del Real Decreto-ley 3/2016, por invadir límites materiales del decreto-ley. La nulidad afecta a la nueva disposición adicional decimoquinta y a la nueva redacción de la disposición transitoria decimosexta de la Ley del impuesto sobre sociedades, con efectos desde el 1 de enero de 2016.