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La ley regula el desarrollo rural en el País Vasco. Define zonas rurales, crea instrumentos de planificación (programas territoriales, comarcales y planes locales) y establece cómo se organiza y financia la cooperación entre instituciones y agentes locales.

Establece las bases para que el Instituto de las Mujeres conceda subvenciones a organizaciones sindicales. Estas ayudas financian formación, apoyo y asesoramiento para negociar, elaborar, aplicar y evaluar planes de igualdad de ámbito estatal o supraautonómico.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Igualdad a varias entidades para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Crea y regula el Sello de Inclusión Social, un distintivo para entidades públicas y privadas que colaboren en la inclusión social de personas en situación o riesgo de exclusión. Establece los requisitos, el procedimiento de solicitud, concesión, vigencia y revocación, y los compromisos de quienes lo obtienen.

La ley regula los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha y prohíbe la discriminación por pertenencia a este colectivo. Establece medidas en sanidad, educación, empleo, familia, cultura, deporte, migraciones y medio rural, y crea órganos como el Consejo LGTBI y un servicio de atención integral. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Atribuye el número corto 021 al servicio telefónico de asistencia a personas que sufran o conozcan situaciones de discriminación racial o étnica o delitos de odio racistas. El servicio es de ámbito nacional, gratuito para quien llama y lo presta la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD sobre las bases comunes del Fondo para la lucha contra la privación material, incluido en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y la propuesta de reparto territorial. El fondo se gestiona mediante un programa único estatal con las comunidades y ciudades autónomas como organismos intermedios.

La ley regula la política de juventud en el País Vasco. Define los derechos de las personas jóvenes, reparte competencias entre el Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, y crea el Sistema Vasco de Juventud. También regula la participación juvenil, el voluntariado y un régimen de inspección y sanciones.

Regula la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes en Navarra y la promoción de sus familias, derechos e igualdad. Establece los derechos de los menores, la organización administrativa, las actuaciones de prevención, el sistema de protección ante riesgo y desamparo y las actuaciones en justicia juvenil.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para proyectos de inclusión social, con un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva y las condiciones para exigirla y aplicarla. Crea un Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y prevé un reglamento de condiciones básicas y un Plan Nacional de Accesibilidad.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Crea el órgano administrativo que certifica si los gastos del programa de apoyo al acontecimiento "Programa Deporte Inclusivo II" se ajustan a sus objetivos. El programa dura del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2024 y da lugar a beneficios fiscales por mecenazgo.