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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, que trata la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social. La convalidación se acuerda conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Fija la revalorización de las pensiones públicas para 2026 en un 2,7 %, el valor medio de la variación del IPC de los doce meses previos a diciembre. También actualiza el límite de la cuantía inicial de las pensiones y las bases de cotización de la Seguridad Social.

Crea en Andalucía cuatro cuerpos de Agentes Medioambientales (Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo) y regula sus funciones, facultades, acceso, formación, medios y organización. También los integra en el sistema de emergencias 112 y fija su régimen disciplinario.

Establece un coeficiente reductor del 0,20 para adelantar la edad de jubilación de los agentes forestales y medioambientales al servicio de las administraciones públicas. Regula cómo se calcula el tiempo trabajado y los efectos de esta reducción.

Establece medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de la Administración de Canarias y mejorar la gestión de los recursos humanos. Regula el acceso al empleo fijo, las listas de empleo temporal y la promoción interna temporal. Incluye también medidas de protección de la infancia en juegos de azar y apuestas.

Establece la ley básica estatal que regula a los agentes forestales y medioambientales: su naturaleza jurídica, funciones, facultades, uniformidad, formación, acceso al empleo público e igualdad de género. También fija reglas sobre colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y asistencia en emergencias.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.