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Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Establece órganos de gobernanza (Comisión, Unidad y Oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas.

Modifica la Ley de capitalidad de Palma y regula aportaciones económicas de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Palma y al Consejo Insular de Formentera. También cambia normas sobre temporalidad y función pública, y trata el transporte de residuos de Formentera a Ibiza y la reserva de biosfera de Menorca.

Modifica varios impuestos de Cataluña (emisiones de CO2 de vehículos, canon del agua, IRPF, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y depósito de residuos) y regula el aumento de retribuciones y pensiones del personal público. También incluye medidas administrativas sobre el Instituto Catalán de Finanzas y el suministro de energía a instituciones.

El Decreto-ley adapta en Cataluña el impuesto estatal sobre el depósito de residuos en depósitos controlados, la incineración y la coincineración, y subroga al Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat en el convenio de financiación y explotación de la red de abastecimiento de La Llosa del Cavall.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Establece medidas tributarias urgentes en Cataluña: retrasa al 1 de enero de 2021 la subida de tarifas del impuesto sobre estancias turísticas y el recargo de Barcelona, fija nuevos plazos para autoliquidaciones suspendidas y ajusta el aplazamiento del canon del agua para pequeñas empresas y autónomos.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para paliar los efectos sociales del COVID-19. Regula el mantenimiento de los servicios sociales básicos y los conciertos sociales, la gestión de la renta social garantizada, la selección de personal temporal para servicios esenciales, las ayudas al alquiler de vivienda y el fomento de la investigación sanitaria.

Establece medidas urgentes para proteger el territorio de las Illes Balears. Regula el suelo urbano no consolidado, la reclasificación de suelo urbanizable y las condiciones para edificar y usar vivienda unifamiliar en suelo rústico, con medidas de integración paisajística y ahorro de agua.

Adopta medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Incluye cambios tributarios, ayudas a la infancia y adolescencia, medidas sobre patrimonio y sobre personal. Se estructura en cuatro capítulos y once artículos.

Establece medidas organizativas en la Administración de la Generalidad de Cataluña, con cambios de competencias hacia el Departamento de Salud. También amplía el plazo para depositar fianzas de alquiler y regula inmuebles del Instituto Catalán del Suelo y la gestión de residuos.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder al impacto económico y social del COVID-19. Regula la contratación pública, los convenios y conciertos educativos, las subvenciones, los servicios sociales, la gestión de residuos sanitarios y los plazos administrativos. También indica cómo se financian estas medidas.