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Establece las normas para dar dos subvenciones directas a Asturias y Murcia. El dinero financia obras de seguridad y clausura en dos instalaciones de residuos mineros abandonadas: «La Soterraña» (Lena) y «San Cristóbal I» (Mazarrón).

Modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, que recoge las aplicaciones exentas de la prohibición de usar ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Actualiza esas exenciones para adaptarlas al progreso científico y técnico y para incorporar varias directivas europeas.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Regula las licencias y la prestación del servicio de recogida de desechos de buques y residuos de carga en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina. Sustituye al pliego publicado el 4 de noviembre de 2021 y entra en vigor el día de su publicación en el BOE.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, que regula las restricciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Actualiza las exenciones aplicables a productos sanitarios y equipos de vigilancia y control, adaptándolas al progreso científico y técnico de la Unión Europea.

Regula la producción y gestión de residuos en España para avanzar hacia una economía circular. Establece la jerarquía de residuos, objetivos de prevención, reutilización y reciclado, y obligaciones para productores y gestores. Incluye medidas fiscales, normas sobre suelos contaminados y un régimen sancionador.

Establece las garantías financieras que deben constituir las empresas que tratan residuos y los sistemas de responsabilidad ampliada. Regula cómo se formalizan la fianza y el seguro de responsabilidad civil, su importe, vigencia, cancelación y ejecución.

Modifica el Real Decreto 983/2021 para permitir que las empresas de transporte público urbano en autobús puedan acceder a las ayudas de transformación de flotas, al no necesitar autorización de transporte. Las ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación y buscan renovar vehículos hacia tecnologías bajas en carbono.

Modifica los anexos I, III, IV y VI del Real Decreto 983/2021, que regula ayudas a comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para renovar flotas de transporte de viajeros y mercancías. Cambia requisitos y cuantías de las actividades de achatarramiento y otras actuaciones subvencionables.

Establece las reglas para que los puertos españoles dispongan de instalaciones adecuadas donde los buques entreguen sus desechos y residuos de carga. Regula la notificación previa, la entrega obligatoria, los sistemas de tarifas, las inspecciones y el régimen sancionador.

Establece que los orujos grasos que salen de las almazaras se consideren subproductos, y no residuos, cuando se destinan a extraer aceite de orujo de oliva crudo. Fija los requisitos que deben cumplir y las obligaciones de quien los produce y de quien los usa.

Establece nuevas cualificaciones profesionales de seis familias (Imagen y Sonido, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a la Comunidad) y las incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También modifica parcialmente cualificaciones ya existentes de dos de esas familias.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2022. Modifica tributos propios y cedidos, como las tasas, el impuesto sobre viviendas vacías y el de residuos, y cambia normas en materias como turismo, servicios sociales, vivienda, sanidad, educación y agricultura.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2022, con la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, tasas, operaciones de crédito y relaciones con entes instrumentales y entidades locales.