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Regula la concesión directa de tres subvenciones en materia de industria durante 2026, sin convocatoria pública. Se destinan a actuaciones de calidad y seguridad industrial y a infraestructuras técnicas asociadas. El Ministerio de Industria y Turismo gestiona las ayudas.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Modifica el Reglamento de fundaciones de competencia estatal para actualizar la regulación del Consejo Superior de Fundaciones, órgano consultivo previsto en la Ley 50/2002. Regula su estructura, composición y funciones.

Aprueba el Estatuto de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas, F.S.P., que cambia de nombre la antigua Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. El Estatuto regula sus fines, gobierno, patrimonio, personal y régimen económico.

Regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y Seguridad. Fija el objeto, el beneficiario, las actuaciones subvencionables, la cuantía, el pago, la justificación y el régimen de incumplimientos.

Establece las bases para conceder ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en concurrencia competitiva, a actividades y estancias que fomenten el uso de la ciencia en las políticas públicas. Regula solicitudes, evaluación, pago, justificación y reintegro.

Regula la concesión directa de tres subvenciones del Ministerio de Industria y Turismo durante 2025, sin convocatoria pública. Se destinan a actuaciones de calidad y seguridad industrial y a infraestructuras técnicas asociadas.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a proyectos que renaturalicen y restauren ecológicamente terrenos agrarios y forestales. La Fundación Biodiversidad gestiona estas ayudas, que buscan ecosistemas más ricos en biodiversidad y mejor adaptados al cambio climático.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a actividades que fortalezcan la convivencia y prevengan la intolerancia y la discriminación por motivos religiosos. Regula quién puede solicitarlas, los gastos cubiertos, los criterios de valoración, el procedimiento y el control del dinero.

Modifica los estatutos de la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores F.S.P. para adaptarlos a la Ley 40/2015 del Sector Público. Cambia varios artículos, suprime otros y permite que el Patronato se reúna por medios telemáticos.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana durante 2024, sin convocatoria pública. Incluye ayudas a la Comunidad de Madrid para realojos en la Cañada Real y a Canarias para el barrio de Las Chumberas, entre otras.

Establece las bases para conceder subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en concurrencia competitiva, destinadas a impulsar la infraestructura verde. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Concede una subvención directa a la Fundación Princesa de Asturias para financiar la convocatoria 2024 de los Premios Princesa de Asturias. La norma fija la entidad beneficiaria, las actuaciones financiadas, la cuantía, el pago, las obligaciones y la justificación.

Regula la concesión directa de subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias que tienen acuerdos de cooperación con el Estado: la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Establece las entidades beneficiarias, las actuaciones a financiar, las cuantías, los gastos subvencionables y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios preceptos de la Ley 30/2015, que regula la formación profesional para el empleo. La cuestión se refiere a las menciones a sindicatos «más representativos» o «representativos» y su posible vulneración de los derechos de igualdad y libertad sindical. El tribunal inadmite en parte la cuestión y considera que el trato diferencial entre sindicatos basado en la representatividad es objetivo y razonable.