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El Tribunal Constitucional declara nulo en parte el artículo 23 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que fijaba retribuciones distintas para los letrados coordinadores del gabinete técnico del Tribunal Supremo según pertenecieran o no a la carrera judicial. La nulidad se basa en la vulneración del principio de igualdad retributiva.