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El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto-ley 6/2023 que modifican el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación nacional en el País Vasco. La cuestión se extingue por pérdida sobrevenida de su aplicabilidad y relevancia para el caso judicial de origen.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra dos disposiciones del Decreto-ley de Illes Balears 5/2023, que suprimió la exigencia de un nivel de catalán como requisito para acceder a puestos sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y derogó los preceptos de la Ley 4/2016 que se le opusieran.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria quinta de la Ley 6/2019 de Murcia, que permitía integrar en el grupo B a cabos de la policía local solo por tener una titulación. La sentencia declara nula esa previsión por invadir competencias estatales sobre función pública.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley 8/2021 de Galicia, que modificó la Ley de salud gallega. La sentencia anula los preceptos autonómicos que habilitaban a órganos de Galicia a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir la reserva de ley orgánica.

El Tribunal Constitucional declara extinguido el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de Cataluña 15/2021, que creó el fondo complementario de riesgos de la Generalitat. La extinción se debe a que la norma autonómica ya había sido anulada por la sentencia 121/2024.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Cataluña, que creó un fondo complementario de riesgos. La sentencia anula esa norma autonómica porque no se justificó la extraordinaria y urgente necesidad que exige el uso del decreto-ley.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley canaria 18/2019 ha perdido su objeto. Ello se debe a que ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal (STC 116/2022).

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley canaria 18/2019 ha perdido su objeto. Ello se debe a que ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley canaria 18/2019 ha perdido su objeto, porque ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley canaria 18/2019 ha perdido su objeto, porque ese precepto ya fue anulado por la sentencia 116/2022. Por tanto, no entra a valorar el fondo.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley canaria 18/2019 ha perdido su objeto. Ello se debe a que ese precepto ya fue anulado por la sentencia 116/2022, de 27 de septiembre.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley canaria 18/2019 ha perdido su objeto, porque ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio tribunal.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley canaria 18/2019 ha perdido su objeto. Ello se debe a que ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley canaria 18/2019 ha perdido su objeto. Ello se debe a que ese precepto ya fue anulado por la sentencia 116/2022, de 27 de septiembre.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de una ley canaria de empleo público. Declara nulo el precepto autonómico que fija la adscripción temporal al primer destino de los funcionarios de carrera de nuevo ingreso, por invadir competencias estatales sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios.

El Tribunal Constitucional anula el artículo 47.1 de la Ley de presupuestos de Canarias para 2019, que creaba un fondo de acción social para empleados públicos autonómicos. El tribunal considera que esa norma invade competencias del Estado sobre ordenación general de la economía.

El Tribunal Constitucional anula la disposición adicional decimoséptima de la Ley de presupuestos de la Región de Murcia de 2018, que preveía recuperar las retribuciones no percibidas por el ajuste retributivo de 2013 y 2014. El tribunal estima el recurso del presidente del Gobierno por invasión de competencias estatales sobre ordenación general de la economía.