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La ley regula la política española de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Define sus principios, objetivos, prioridades geográficas y temáticas, y cómo se planifica, ejecuta y evalúa. Crea el Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES) y ordena los órganos que participan.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Crea un fondo de compensación para las personas que sufren enfermedades causadas por el amianto. El fondo paga compensaciones sin necesidad de demostrar culpa y se financia con recursos económicos previstos en la ley. Regula quiénes pueden beneficiarse y cómo se tramitan las solicitudes.

La ley establece medidas sociales y económicas. Declara exento del IRPF el ingreso mínimo vital, junto con otras ayudas de comunidades autónomas y entidades locales, hasta un límite anual conjunto. También concede una ampliación de crédito al Ministerio de Hacienda para ejecutar sentencias judiciales.

Modifica las normas sobre la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para adaptarla a su nueva clasificación como parte del sector público. Elimina los límites a la participación del Estado en su capital y regula cómo el FROB puede adquirir participaciones y tomar el control de la sociedad.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Crea el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, un fondo de dinero para financiar a los municipios y entidades locales menores. Regula sus fines, las entidades que pueden recibirlo, cómo se reparte la cuantía y una comisión de colaboración y coordinación.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

Establece medidas para apoyar la reactivación económica y el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye líneas de avales y un fondo de solvencia para empresas, moratorias de préstamos hipotecarios para inmuebles turísticos, planes de sostenibilidad turística y subvenciones para proyectos.

Prolonga y adapta las medidas laborales extraordinarias aprobadas por el COVID-19, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo asociadas. También regula apoyos a trabajadores autónomos y crea un fondo estatal para garantizar riesgos de compra de energía eléctrica de empresas electrointensivas.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Crea el Fondo COVID-19 para dar apoyo financiero a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. Regula cómo se reparte el dinero entre ellas y cómo se les entrega. También fija reglas sobre el superávit presupuestario de 2020 y modifica la Ley General Tributaria.

Amplía de forma extraordinaria el plazo para que las comunidades autónomas justifiquen los fondos que el Servicio Público de Empleo Estatal les entregó en 2019 para gestionar subvenciones del ámbito laboral. La ampliación se debe a la situación creada por el COVID-19.