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Regula la actividad y el funcionamiento del Fondo de Coinversión (FOCO), un fondo estatal sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Establece las condiciones de elegibilidad de coinversores y operaciones, y la composición y competencias de sus órganos de gestión.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2024 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad, operadores de petróleo y de gases licuados) su cuota anual de ahorro. Establece también el valor para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el porcentaje mínimo que deben pagar a ese fondo, pudiendo cubrir el resto con Certificados de Ahorro Energético.

España aporta 4 millones de euros más al Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, gestionado por la oficina OFFAM del PNUD. El dinero se destina a la Ventanilla de Emergencias y se pagará en dos plazos: 2 millones antes de acabar 2023 y 2 millones antes del 31 de diciembre de 2024.

España aporta 30.700.000 euros adicionales al Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gestionado por la oficina del PNUD. El dinero se reparte entre varias ventanillas: empleo y protección social, clima y energía, seguridad alimentaria, localización y transformación digital, y una parte queda sin asignar.

El Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud acuerdan cooperar en donación y trasplante de órganos, células y tejidos durante el período 2023-2024. España aporta 320.000 euros a la OMS para mantener el programa de trasplantes y reforzar la capacidad de los Estados miembros.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2023, que recoge medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de las Corts Valencianes 5/2021, que regula el fondo de cooperación municipal. Declara la pérdida sobrevenida de objeto de los preceptos sobre distribución del fondo y requerimiento al presidente de la diputación, y considera constitucionales las restantes previsiones.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley 5/2021 de la Comunitat Valenciana que regulan el fondo de cooperación municipal. Afectan a la participación de las diputaciones provinciales y a las reglas de distribución del fondo, por vulnerar la autonomía local provincial.

España aporta 10.300.000 euros adicionales al Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. De esa cantidad, 5 millones van a la ventanilla de emergencias relacionadas con el desarrollo, 4 millones a la ventanilla de localización y 1,3 millones según el calendario de pagos. La contribución total de España al Fondo pasa a 10.000.000 de dólares y 35.300.000 euros.

Desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, un instrumento que, tras su activación por el Consejo de Ministros, permite a las empresas solicitar reducciones de jornada o suspensiones de contratos. Regula el procedimiento, las garantías para las personas trabajadoras y el Fondo RED.

Modifica la ley de vivienda de Extremadura y crea un impuesto sobre las viviendas vacías en manos de grandes tenedores. También crea el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda y un mecanismo de garantía de alojamiento o realojamiento del menor.

Modifica la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha para adaptarla a la normativa estatal y a las estrategias europeas de biodiversidad y bosques. También cambia otras dos leyes autonómicas y fija reglas transitorias para procedimientos en curso.