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Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Modifica el anexo II del Real Decreto 1513/2005, que regula la evaluación y gestión del ruido ambiental. Actualiza los métodos comunes para calcular los índices de ruido que se usan en los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción.

Establece el marco jurídico de la política ambiental de Euskadi: competencias y coordinación, información y participación pública, autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente, evaluación ambiental, inspección y régimen sancionador.

Modifica el Reglamento de la Planificación Hidrológica para actualizar el contenido y la tramitación de los planes hidrológicos de cuenca y de los planes especiales de sequía. Regula cómo se publican y notifican esos planes y cómo se elaboran, aprueban, siguen y actualizan los planes de sequía y los de emergencia para abastecimiento.

Modifica varias leyes del Principado de Asturias para simplificar trámites administrativos en evaluación ambiental, ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio cultural, carreteras y transportes. También regula la gestión presupuestaria de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del React-EU.

Adopta medidas urgentes en materia de energía para facilitar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, impulsar el autoconsumo eléctrico y el despliegue de energías renovables. Modifica varias normas del sector eléctrico, de hidrocarburos y tributarias.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Modifica el anexo III del Real Decreto 1513/2005 para incorporar la Directiva (UE) 2020/367. Sustituye los métodos de evaluación de los efectos nocivos del ruido ambiental por los nuevos métodos basados en relaciones dosis-efecto.

Esta ley acompaña a los presupuestos de Cantabria de 2021 y reúne medidas fiscales y administrativas. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre estadística, función pública, emergencias, cooperativas, medio ambiente, puertos, deporte, urbanismo, servicios sociales y empleo.

Regula cómo se controlan en Navarra las actividades, instalaciones, planes y proyectos que pueden afectar al medio ambiente. Establece los permisos ambientales necesarios, la inspección y seguimiento de esas actividades y las sanciones por incumplir la normativa.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Prorroga la vigencia del Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020 hasta que entre en vigor el nuevo plan 2021-2026. El plan sigue siendo la referencia para tramitar y construir las infraestructuras eléctricas de transporte previstas.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. Regula cómo se evalúan los efectos sobre el medio ambiente de planes, programas y proyectos antes de aprobarlos o ejecutarlos. Incluye el procedimiento, el órgano ambiental competente y el régimen de seguimiento y sanciones.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Regula la evaluación ambiental en Castilla-La Mancha: qué planes, programas y proyectos deben someterse a evaluación antes de aprobarse, cómo se hace el trámite y quién interviene. Incluye el seguimiento y las sanciones por incumplir estas reglas.

La ley establece el marco para impulsar la economía circular en Castilla-La Mancha: un modelo que aprovecha al máximo productos, materiales y recursos y genera el mínimo de residuos. Define principios, objetivos, líneas de actuación, una estrategia regional, los actores implicados y una comisión de coordinación.