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El Tribunal Constitucional anula el artículo 2.1, letras a) y b), del Decreto-ley catalán 34/2020, que regulaba las consecuencias cuando arrendador y arrendatario de un local de negocio no llegaban a un acuerdo para restablecer el equilibrio del contrato tras las medidas de la Covid-19. El tribunal considera que la norma autonómica invade la competencia estatal sobre legislación civil.

Establece requisitos de higiene para producir y vender alimentos en comercios al por menor, como temperaturas, congelación, comidas preparadas, carnes, pescado, huevo y donación de alimentos. También regula adaptaciones de higiene, controles oficiales y sanciones.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley de comercio, servicios y ferias de Cataluña. Anula en parte los preceptos sobre horarios comerciales, rebajas, municipios turísticos y prescripción de infracciones, y declara conformes con la Constitución otros sobre temporadas de rebajas y uso de lenguas en el comercio.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el artículo 29 del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto. El recurso cuestiona ese artículo concreto de la norma.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, que recoge medidas de sostenibilidad económica en el transporte, en becas y ayudas al estudio, y de ahorro, eficiencia energética y reducción de la dependencia del gas natural.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.