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Crea la Agencia de la Naturaleza de Cataluña como entidad pública con personalidad jurídica propia. Le encarga la conservación, la gestión y el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad en Cataluña. Regula sus órganos de gobierno, funciones, personal, financiación y control.

La ley protege, conserva y pone en valor los olivos y olivares monumentales de Cataluña. Crea un catálogo y una comisión técnica, regula restricciones y acuerdos con los titulares, y prohíbe actuaciones contra estos árboles. También fija un régimen sancionador y medidas de financiación y promoción.

Suspende durante 2020 la ampliación de un mes de los plazos urbanísticos que coinciden con agosto, para reactivar la tramitación de planeamiento y gestión urbanística. También modifica el régimen de fianzas de actividades extractivas y regula el Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley de suelo de Extremadura. Declara extinguida en parte la cuestión porque uno de los preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior, y considera conforme a la Constitución el precepto sobre la adaptación de los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes a la nueva ley.

La ley aprueba un conjunto de medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2020. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios y modificaciones de normas sobre empleo público, medio ambiente, servicios sociales, economía, cultura, educación, sanidad y deporte.

Modifica la Ley catalana de cambio climático y la Ley de urbanismo, y regula la autorización de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Establece criterios de implantación, trámites de información pública y evaluación de impacto ambiental, y limita el uso de coque de petróleo y carbón en la industria.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto de la Ley del suelo de Extremadura porque ese precepto ya había sido anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal. La cuestión la había planteado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.