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Regula la pesca recreativa, profesional y desde pesqueras en el tramo internacional del río Miño, que hace frontera entre España y Portugal. Establece normas comunes sobre artes de pesca, vedas, tamaños mínimos, licencias, vigilancia y sanciones, y crea una comisión permanente entre ambos países.

Declara 55 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en Extremadura, dentro de la Red ecológica europea Natura 2000. Fija su denominación, delimitación y extensión, y establece su régimen jurídico y un registro.

Regula la pesca marina en España: quién puede pescar y con qué licencia, cómo se conservan y gestionan los recursos pesqueros, las zonas de protección y las reservas marinas, la pesca recreativa y la investigación pesquera. Incluye también un régimen de sanciones.

El Acuerdo regula la caza en las aguas, márgenes e islas del tramo internacional del río Miño entre España y Portugal. Fija zonas prohibidas, especies y límites de captura, periodos de veda, licencias, vigilancia y un sistema de notificación de infracciones entre ambas partes.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley regula la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural en La Rioja. Establece cómo integrar esa conservación en políticas como urbanismo, agricultura, energía o infraestructuras, y crea figuras de protección de espacios y especies. También fija vigilancia, infracciones y sanciones.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Aprueba el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España y fija criterios mínimos comunes para gestionar esa red de forma coordinada y coherente. También modifica dos reales decretos sobre especies silvestres y sobre integración de espacios marinos protegidos.

Aprueba el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030. Este plan fija objetivos, acciones y criterios para conservar, usar de forma sostenible y restaurar el patrimonio natural, la biodiversidad y la geodiversidad. Sustituye al plan anterior 2011-2017.

La ley reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y a su cuenca, de modo que el ecosistema pasa a ser sujeto de derechos propios. Crea una carta de derechos para la laguna y establece órganos de representación y tutela que velan por ellos.

Incluye 30 nuevos humedales de Andalucía en el Inventario Español de Zonas Húmedas, con su nombre, código, superficie y localización. La inclusión se hace a propuesta de la comunidad autónoma y tras informar a los organismos de cuenca y de costas.

Modifica el Reglamento General de Costas para incorporar la adaptación al cambio climático en la gestión del litoral. Cambia varios artículos para tener en cuenta la subida del nivel del mar y el aumento de eventos extremos en las playas y la costa.

Establece un marco para conservar los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre. Crea redes de unidades de conservación en el medio natural y un Banco Nacional de Germoplasma Forestal y de Flora Silvestre. También modifica la composición y funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y del Consejo Forestal Nacional.