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Establece el importe de los recursos para financiar el coste directo de explotación de los sistemas públicos de saneamiento y regeneración de aguas residuales. También modifica varias normas de servicios sociales, infancia y adolescencia y acreditación y concierto social.

Regula el modelo de atención en los centros residenciales y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Establece los derechos y deberes de las personas usuarias, la organización y características de los centros, los profesionales y las ratios, la autorización e inscripción, la calidad y el régimen sancionador.

Establece medidas para facilitar el acceso de las personas dependientes y con discapacidad a los servicios sociales públicos de Cataluña. Sube los importes máximo y mínimo de la prestación económica para residencia asistida y declara gratuitas algunas prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales.

Modifica el Real Decreto 1051/2013, que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Cambia requisitos y condiciones de acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y ajusta cuantías e intensidades de servicios y prestaciones.

Regula el Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Establece el derecho de acceso a estos servicios, las prestaciones que incluye, cómo se organizan y quién es competente. También fija reglas sobre profesionales, registros, planificación, financiación e infracciones.

Actualiza varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en las familias de Hostelería y Turismo, Marítimo-Pesquera, Seguridad y Medio Ambiente, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad. También fija la correspondencia entre unidades de competencia suprimidas y sus equivalentes actuales.

La ley regula el sistema de servicios sociales de la Región de Murcia. Establece los derechos de las personas usuarias, el catálogo de prestaciones, la organización territorial y las competencias de la administración autonómica y local. También regula la inspección y el régimen de infracciones y sanciones.

Crea y regula el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital, un registro público del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Establece los requisitos y el procedimiento para inscribirse, las obligaciones de las entidades inscritas y los requisitos de los certificados que emiten.

Adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma estatal que sustituye el procedimiento de modificación judicial de la capacidad por procesos de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Regula la asistencia como medida de apoyo y fija reglas transitorias para las medidas ya existentes.

Establece medidas sociales extraordinarias por la COVID-19 en residencias y centros de día para personas mayores, incluyendo la actualización de precios y un complemento a la prestación económica vinculada al servicio. También crea una prestación en el ámbito de la cultura y modifica el Decreto-ley 25/2020.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Modifica dos decretos-ley anteriores de Cataluña para ajustar medidas sociales y de empleo frente a la COVID-19. Actualiza el coste de referencia y el copago de servicios sociales para personas mayores, con discapacidad y otros colectivos, y cambia normas de empleo y fomento económico.

Establece ayudas económicas para personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por la COVID-19, para el sector cultural y para los precios de los servicios sociales. También modifica el Decreto ley 25/2020 en materia social y fiscal.

Establece medidas para asegurar que las personas usuarias de servicios sociales vuelvan a recibir las prestaciones reconocidas cuando la situación sanitaria lo permita, regula al personal residente sanitario y fija reglas excepcionales para las cooperativas catalanas durante la pandemia.