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Fija el reparto entre las empresas del sector eléctrico de las cantidades que financian el bono social y el coste del suministro de electricidad de determinados consumidores vulnerables durante 2026. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propone el reparto y el Ministerio lo aprueba.

Actualiza los estándares de competencias profesionales de catorce familias profesionales (como Agraria, Energía y Agua, Química o Transporte y Mantenimiento de Vehículos) recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares son la referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

Crea y regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, donde se inscriben entidades habilitadas para presentar por vía electrónica solicitudes de extranjería en nombre de otras personas. La orden fija los órganos competentes, el procedimiento de inscripción, las obligaciones de los colaboradores y su baja del registro.

Suprime el centro de internamiento de extranjeros de Algeciras y su anexo de Tarifa, y crea un nuevo centro en Algeciras en otra ubicación. La Dirección General de la Policía se encarga de trasladar a los internos y reorganizar los recursos humanos.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico y otros costes regulados para 2026. También aprueba el reparto de las cantidades para financiar el bono social y el suministro de electricidad de determinados consumidores ese año.

Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo. Cambia el reparto del excedente de la convocatoria, la justificación de los gastos, los criterios de cuantía, la publicidad, el baremo de puntos y los gastos de personal y costes indirectos imputables.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico para 2025 y otros costes regulados. También aprueba el reparto de las cantidades para financiar el bono social y el suministro de electricidad de determinados consumidores en 2025.

Actualiza varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en cinco familias: Actividades Físicas y Deportivas, Artes y Artesanías, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y Vidrio y Cerámica. Modifica total o parcialmente cualificaciones ya establecidas por reales decretos anteriores.

Actualiza varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en siete familias profesionales, como Actividades Físicas y Deportivas, Artes Gráficas, Informática y Comunicaciones o Servicios Socioculturales. Estas cualificaciones son la referencia para diseñar y acreditar la formación profesional.

Establece las bases para conceder subvenciones de ENAIRE a entidades que desarrollen actividades de inserción laboral y creación de empleo para personas con discapacidad. Regula las convocatorias, los requisitos de las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables y el procedimiento de concesión y justificación.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, y a sus hijos e hijas menores o con discapacidad. Regula requisitos de las entidades, procedimiento, gastos subvencionables y justificación.

Modifica las bases de las subvenciones para programas y proyectos contra la violencia hacia las mujeres. Añade un nuevo tipo de proyecto subvencionable: los de innovación social y alianzas entre varios actores. También ajusta la gestión del procedimiento para agilizar los trámites.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.