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Crea la Renta Canaria de Ciudadanía, una prestación económica para personas en situación de exclusión, vulnerabilidad social o pobreza en Canarias. Regula los requisitos de acceso, las modalidades, el importe, el procedimiento de solicitud y los complementos de vivienda, educación y pensiones no contributivas. También ordena los programas de inclusión social e inserción laboral y el régimen de infracciones y sanciones.