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Crea la Renta Canaria de Ciudadanía, una prestación económica para personas en situación de exclusión, vulnerabilidad social o pobreza en Canarias. Regula los requisitos de acceso, las modalidades, el importe, el procedimiento de solicitud y los complementos de vivienda, educación y pensiones no contributivas. También ordena los programas de inclusión social e inserción laboral y el régimen de infracciones y sanciones.

Actualiza el importe del complemento mensual por cada menor a cargo en la Prestación Canaria de Inserción. También autoriza ceder datos de las personas beneficiarias a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias para programas piloto de inclusión social.

Establece medidas fiscales y de gestión para paliar los efectos de la erupción volcánica en La Palma. Incluye aplazamientos de impuestos, tipos reducidos en tributos canarios y la creación de órganos de coordinación para la reconstrucción.

Modifica la normativa canaria de atención a la infancia para que los centros de atención inmediata funcionen como dispositivos de emergencia para acoger a menores extranjeros no acompañados. También cambia el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores.

Establece una prestación extraordinaria para paliar los efectos sociales de la COVID-19 en Canarias. Va dirigida a personas que cobran pensiones no contributivas, el Fondo de Asistencia Social, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y la Prestación Canaria de Inserción. Regula su cuantía, pago, financiación y beneficiarios.

Modifica la Ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción para coordinarla con el Ingreso Mínimo Vital estatal. Ajusta requisitos y trámites de la prestación canaria y prevé la cesión de datos de sus perceptores a la Seguridad Social.