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Establece un régimen excepcional para ejecutar las subvenciones en el ámbito de los servicios sociales durante la crisis de la COVID-19. Permite adaptar las actuaciones subvencionadas a la situación de emergencia y a la suspensión de la actividad presencial.

Adopta medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Incluye cambios tributarios, ayudas a la infancia y adolescencia, medidas sobre patrimonio y sobre personal. Se estructura en cuatro capítulos y once artículos.

Establece medidas organizativas en la Administración de la Generalidad de Cataluña, con cambios de competencias hacia el Departamento de Salud. También amplía el plazo para depositar fianzas de alquiler y regula inmuebles del Instituto Catalán del Suelo y la gestión de residuos.

Modifica las medidas de compensación económica a centros sanitarios por la COVID-19, aplaza el cobro del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos de 2019 y 2020 y crea una prestación extraordinaria para suministros básicos.

Modifica el Decreto-ley 7/2020 de Cataluña para adaptar las medidas sobre contratación pública a la normativa estatal aprobada por el COVID-19. También añade medidas excepcionales en subvenciones y ayudas, medidas para entidades públicas y medidas tributarias.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder al impacto económico y social del COVID-19. Regula la contratación pública, los convenios y conciertos educativos, las subvenciones, los servicios sociales, la gestión de residuos sanitarios y los plazos administrativos. También indica cómo se financian estas medidas.

Establece medidas urgentes en Extremadura durante la crisis del COVID-19 en el ámbito social y sanitario. Regula subvenciones, la Renta Básica Extremeña de Inserción y la Renta Extremeña Garantizada, los conciertos sociales y el marco de atención a la discapacidad. También exime del requisito de nacionalidad para acceder a la condición de personal estatutario.

Modifica la definición de vivienda vacía en la normativa catalana de vivienda. Una vivienda se considera vacía si está desocupada sin causa justificada más de dos años. Enumera las causas justificadas de desocupación.

Modifica varias leyes de vivienda y urbanismo de Cataluña para ampliar la oferta de vivienda a precios moderados y de protección pública en alquiler. Ajusta el planeamiento urbanístico, el patrimonio público de suelo y vivienda y las reservas para vivienda protegida.