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Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que cobran Pensiones No Contributivas, Fondo de Asistencia Social o Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y residen en Canarias, para hacer frente a efectos sociales de la COVID-19 en 2022. También modifica algunos puntos de la Ley 5/2022 de Renta Canaria de Ciudadanía.

Concede un crédito extraordinario de 9.788.715,24 euros en el presupuesto de 2023 para financiar gastos de varios departamentos del Gobierno de Navarra. También modifica la Ley Foral de Servicios Sociales para regular el tratamiento de datos de la Historia Social Única.

Modifica la Ley de Juventud de Aragón para cambiar los principios de los programas y servicios dirigidos a jóvenes y regular el Consejo Aragonés de la Juventud: su naturaleza, fines, funciones, entidades que lo forman, órganos y régimen de personal y económico. También crea asesorías propias en el ámbito de la juventud y modifica la ley del Instituto Aragonés de la Juventud.

La ley regula la dinamización del medio rural de Aragón. Establece principios de actuación, criterios para clasificar municipios y asentamientos rurales, instrumentos de planificación y medidas de fomento económico, empleo, vivienda, servicios y fiscalidad diferenciada.

Actualiza los títulos de Técnico Superior en Integración Social y Técnico Superior en Mediación Comunicativa, de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Fija las enseñanzas mínimas de ambos ciclos formativos.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley regula el reconocimiento y las ayudas a las víctimas del terrorismo en Cantabria. Incluye indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos, ayudas por daños materiales, asistencia sanitaria y social, medidas educativas, de empleo, vivienda y acceso a cultura y deporte. También crea distinciones honoríficas y actuaciones en memoria de las víctimas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, presentado por más de cincuenta diputados. La admisión abre el proceso para que el tribunal examine si la ley se ajusta a la Constitución.

La ley regula la atención a la salud mental y las adicciones en La Rioja. Reconoce derechos de los pacientes y sus familias y establece actuaciones públicas de promoción, prevención y atención. También fija garantías de tiempo de atención y ratios mínimas de profesionales.

La ley regula la atención y protección de los niños y adolescentes en Castilla-La Mancha. Establece derechos, órganos de participación y protección, medidas de prevención y apoyo a las familias, y procedimientos ante situaciones de riesgo, desamparo, acogimiento y adopción.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, sobre medidas urgentes para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. La convalidación mantiene vigente la norma aprobada por el Gobierno.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios incisos del Real Decreto-ley 1/2021 que permiten al juez suspender el lanzamiento de la vivienda habitual en procesos penales cuando la habitan personas sin título y en situación de vulnerabilidad. La sentencia analiza si esos incisos respetan los límites del decreto-ley y los derechos de propiedad y tutela judicial.

Modifica la Ley 4/2008 de medidas a favor de las víctimas del terrorismo en Aragón. Añade artículos sobre reconocimiento institucional, memoria de las víctimas, un día de recuerdo, distinciones honoríficas, protección de la intimidad e imagen, acción popular, educación para la paz y difusión del conocimiento sobre el terrorismo.