Buscar en el BOE

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021, fijando los gastos e ingresos de la Administración vasca y de sus organismos, entes, sociedades, fundaciones y consorcios públicos. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales, tasas y gestión de fondos europeos.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Regula una ayuda para la compra de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud en Canarias. Está dirigida a pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con renta anual inferior a 18.000 euros. La norma fija quién puede recibirla, cómo se acredita, su cuantía, el abono y el procedimiento de gestión.