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Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

Crea tres figuras tributarias: un gravamen temporal a las grandes empresas energéticas, otro a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y un impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas. También modifica varias normas tributarias, entre ellas las de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Sociedades.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras para aplicar una directiva europea que busca que los accionistas de sociedades cotizadas mantengan su inversión a largo plazo. Regula el voto doble por lealtad, la remuneración de consejeros, las operaciones vinculadas y los asesores de voto.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Exime del IRPF el ingreso mínimo vital y otras ayudas de subsistencia hasta un límite conjunto anual. También aprueba una ampliación de crédito para el Ministerio de Hacienda y modifica dos leyes fiscales para ejecutar sentencias judiciales.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.