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Regula el Instituto Vasco de Finanzas, un ente público de derecho privado adscrito a la Administración vasca. Define su naturaleza, fines, funciones, órganos de gobierno, personal, recursos económicos, patrimonio y régimen de transparencia. También fija cómo se extingue y liquida.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Amplía hasta el 1 de junio de 2022 el plazo para solicitar los avales públicos a empresas y autónomos de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020. También modifica el Código de Buenas Prácticas de renegociación de deuda avalada para extender sus plazos y adaptar sus importes.