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El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto 659/2023, que desarrolla la ordenación del sistema de formación profesional. La sentencia inadmite y declara la pérdida parcial de objeto del conflicto y anula parcialmente algunos preceptos relativos a modalidades de formación profesional, asignación del alumnado y funcionamiento de centros.