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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Real Decreto-ley 1/2017, que regulaba la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Declara nulos los preceptos que excluyen a las personas jurídicas y que imponen costas al consumidor que no acudió antes a la entidad de crédito, y fija una interpretación del precepto sobre costas.