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Regula los mercados de valores y los servicios de inversión en España. Establece el régimen de los valores negociables, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el mercado primario, los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión. También fija normas de conducta, supervisión y sanción.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula el reconocimiento, la reparación y la dignificación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista. Crea instrumentos para buscar e identificar a personas desaparecidas y ordena retirar símbolos contrarios a la memoria democrática.

Reforma la Ley Concursal para adaptarla a una directiva europea. Regula los planes de reestructuración preventiva de empresas con dificultades, la exoneración de deudas de personas físicas y el régimen de inhabilitaciones. También ordena los procedimientos de insolvencia para hacerlos más eficientes.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Regula el recurso de casación civil ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Establece el objeto, el ámbito de aplicación, los motivos para recurrir, el interés casacional y las causas de inadmisión. Sustituye la aplicación directa de la Ley de Enjuiciamiento Civil en esta materia.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Modifica el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil para dejar de tratar a los animales como cosas y reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad. Cambia su clasificación jurídica y las reglas sobre bienes y procesos judiciales que les afectan.

Reforma el Código Civil y las leyes procesales para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con apoyos en lugar de sustituciones. Sustituye la tutela por medidas como la curatela, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios, y adapta la ley a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Adapta la normativa española al Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza. Regula los certificados electrónicos, las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores de estos servicios, su supervisión y las sanciones por incumplir. También modifica otras leyes para ajustarlas a este marco.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.