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Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Modifica normas de urbanismo y de energías renovables para agilizar la construcción y explotación de instalaciones renovables y de almacenamiento en Cataluña, tras el apagón del 28 de abril de 2025. Prioriza estas instalaciones y su infraestructura conexa.

Modifica la Ley 6/2022 de cambio climático y transición energética de Canarias para ajustar varios artículos tras un acuerdo con el Estado y adaptarla a la ley estatal 7/2021. Regula instrumentos de planificación climática, proyectos de acción climática y medidas en sectores como turismo, agricultura, energía y educación.

Modifica la Ley 11/1997 que regula el sector eléctrico en Canarias. Actualiza y armoniza sus previsiones con la normativa estatal básica del sector eléctrico. Regula las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad en el archipiélago.

Autoriza la tramitación por concesión directa de una subvención plurianual a Stellantis España, SL para proyectos de mejora ambiental, eficiencia energética y desarrollo experimental en su planta de Figueruelas (Zaragoza) en 2023 y 2024. La ayuda busca facilitar la transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado y aumentar la protección ambiental.

Establece medidas urgentes para el transporte discrecional de viajeros en autobús y en vehículos de turismo en las Illes Balears, con el fin de ajustar la oferta a la demanda turística. Regula la contratación por plaza, licencias temporales de autotaxi y autorizaciones de alquiler con conductor, y modifica varias leyes autonómicas.

Declara de interés general la producción de hidrógeno a partir de electricidad generada en instalaciones aisladas de energías renovables en Extremadura. Regula el régimen aplicable, los efectos de esa declaración y el procedimiento para reconocer la utilidad pública o interés social.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Modifica el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas contra la COVID-19 en las Illes Balears, para adaptar las infracciones a la exigencia del certificado covid digital UE en determinados establecimientos según el nivel de alerta sanitaria de cada isla. También regula un régimen excepcional de declaración responsable para obras e instalaciones en suelo urbano.