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Modifica la Ley 11/1997 que regula el sector eléctrico en Canarias. Actualiza y armoniza las normas sobre generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad en el archipiélago.

Establece cómo se calcula el precio de los gases licuados del petróleo (GLP) usados como combustible en la generación de electricidad en los territorios no peninsulares. También define nuevas instalaciones tipo para el régimen retributivo adicional de esas instalaciones.

Modifica puntos concretos del Plan de desarrollo de la red de transporte eléctrica 2021-2026. El plan prevé las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro eléctrico y fija las inversiones en la red de transporte.

Fija los valores de la retribución a la operación del segundo semestre de 2023 para instalaciones de producción eléctrica con renovables, cogeneración y residuos. También aprueba nuevas instalaciones tipo con sus parámetros retributivos y modifica otra orden sobre parámetros.

Fija en 47,10 euros por MWh el precio medio de la energía para el segundo trimestre de 2024. Este precio se usa para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad que prestan consumidores en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

Regula el procedimiento y los requisitos para conceder capacidad de acceso y conexión a la red de transporte eléctrica en cinco nudos de transición justa (Garoña, Guardo, Lada, Mudéjar y Robla). Está dirigida a módulos de generación renovable síncronos y a instalaciones de almacenamiento síncrono.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2024 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad, operadores de petróleo y de gases licuados) su cuota anual de ahorro. Establece también el valor para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el porcentaje mínimo que deben pagar a ese fondo, pudiendo cubrir el resto con Certificados de Ahorro Energético.

Modifica la Ley 11/1997 que regula el sector eléctrico en Canarias. Actualiza y armoniza sus previsiones con la normativa estatal básica del sector eléctrico. Regula las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad en el archipiélago.

Prorroga en Navarra determinadas medidas del IVA y del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica para el año 2024, y modifica el Reglamento del IVA. Adapta el régimen tributario navarro al estatal.

Autoriza la tramitación por concesión directa de una subvención plurianual a Stellantis España, SL para proyectos de mejora ambiental, eficiencia energética y desarrollo experimental en su planta de Figueruelas (Zaragoza) en 2023 y 2024. La ayuda busca facilitar la transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado y aumentar la protección ambiental.

Aprueba el procedimiento de prueba para fijar el mínimo técnico ordinario de los grupos térmicos que producen electricidad en los territorios no peninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla). El mínimo técnico es la carga mínima a la que puede funcionar un grupo de forma continua. El procedimiento detalla pruebas por tipo de tecnología.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico y actualiza varios costes regulados para el año 2024. También actualiza los segmentos tarifarios para la recarga de vehículos eléctricos.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Establece medidas temporales y urgentes para proteger el paisaje de La Rioja frente a la instalación de grandes proyectos de generación y transporte de energía en suelo no urbanizable. Regula la tramitación de estas instalaciones para evitar su implantación sin planificación previa.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.