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Establece subvenciones extraordinarias para entidades locales de Cataluña con el fin de financiar proyectos de empleo y fomento de la actividad económica en territorios afectados por confinamientos más severos durante la COVID-19. Regula las actuaciones subvencionables, los requisitos de las entidades beneficiarias, las cuantías y el procedimiento de concesión.

Establece medidas económicas, sociales y culturales para paliar los efectos de la COVID-19. Incluye apoyo financiero a proyectos culturales, una prestación para suministros básicos de profesionales de las artes, ayudas a familias para actividades de ocio educativo de verano y ayudas a entidades de ocio y contratación de jóvenes en prácticas.

Establece medidas sanitarias y administrativas para mantener el control de la respuesta a la COVID-19 en Cataluña. Incluye el uso de recursos de centros sanitarios privados, la habilitación de espacios para uso sanitario y la intervención de centros residenciales, entre otras medidas.

Establece medidas para hacer frente a la COVID-19 en Cataluña: control y publicidad de los pagos por adelantado de suministros, ayudas directas para planes de reactivación socioeconómica en empleo, una línea extraordinaria de formación, ayudas al mantenimiento del empleo en microempresas y autónomos, apoyo a la economía social y medidas de movilidad para la campaña agraria.

Establece medidas para asegurar que las personas usuarias de servicios sociales vuelvan a recibir las prestaciones reconocidas cuando la situación sanitaria lo permita, regula al personal residente sanitario y fija reglas excepcionales para las cooperativas catalanas durante la pandemia.

Modifica el Decreto-ley 7/2020 de Cataluña para adaptar las medidas sobre contratación pública a la normativa estatal aprobada por el COVID-19. También añade medidas excepcionales en subvenciones y ayudas, medidas para entidades públicas y medidas tributarias.

Establece medidas urgentes en Cataluña durante la crisis del COVID-19: suspende la ejecución de ciertos contratos públicos, permite mesas de contratación sin presencia física y la tramitación de emergencia, regula la gestión de residuos sanitarios de riesgo y suspende plazos de presentación e ingreso de tributos.