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Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Establece las bases para conceder ayudas a la contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las convocatorias las gestiona la Fundación EOI y se cofinancian con el Fondo Social Europeo. Regula requisitos de beneficiarios, personal contratado, modalidades de ayuda y procedimiento de concesión.

Establece las bases para conceder subvenciones que financian las becas de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que hacen prácticas no laborales en empresas. Las ayudas se dan a las entidades que pagan esas becas, con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil y por concurrencia competitiva.

Aumenta de forma extraordinaria durante 2020 las subvenciones para mantener puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. La subvención equivale al 50 % del salario mínimo interprofesional y se reduce de forma proporcional en contratos a tiempo parcial.

Distribuye entre las comunidades autónomas con competencias en empleo una cantidad adicional de subvenciones para 2020. Ese dinero refuerza el personal de orientación profesional y prospección de empleo, dentro del Plan de Choque por el Empleo Joven y del Plan Reincorpora-T.

Aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, que fija los objetivos de empleo en toda España y en cada comunidad autónoma y recoge los servicios y programas de los servicios públicos de empleo. El plan se reformuló para adaptarse a la pandemia de COVID-19.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por posible vulneración de los artículos 14 y 28 de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el artículo 5.3, letra a) del Real Decreto 498/2020, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El Congreso de los Diputados aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, y ordena su publicación. La norma había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2020.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Establece las bases para conceder ayudas al emprendimiento de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La Fundación EOI convocará estas subvenciones en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Regula beneficiarios, obligaciones, conceptos subvencionables, procedimiento y justificación.

Modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones y la normativa de seguros para completar la incorporación al derecho español de dos directivas europeas sobre fondos de pensiones de empleo y sobre la implicación a largo plazo de los accionistas.

Establece medidas económicas, sociales y culturales para paliar los efectos de la COVID-19. Incluye apoyo financiero a proyectos culturales, una prestación para suministros básicos de profesionales de las artes, ayudas a familias para actividades de ocio educativo de verano y ayudas a entidades de ocio y contratación de jóvenes en prácticas.

Establece medidas sanitarias y administrativas para mantener el control de la respuesta a la COVID-19 en Cataluña. Incluye el uso de recursos de centros sanitarios privados, la habilitación de espacios para uso sanitario y la intervención de centros residenciales, entre otras medidas.