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Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley regula la protección de la salud de las personas menores de edad y la prevención de conductas adictivas en Galicia. Establece medidas de promoción de la salud, prevención y control de la oferta de alcohol, tabaco, cannabis, bebidas energéticas y adicciones sin sustancia, con un régimen de inspección y sanciones.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

La ley establece garantías para que la Comunidad de Castilla y León preste los servicios autonómicos esenciales en todo su territorio. Incluye garantías específicas para los servicios sanitarios, educativos y sociales en el ámbito rural.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Regula la libertad educativa en la Comunitat Valenciana y la elección de la lengua base en la enseñanza. Establece cómo se elige la lengua base en zonas de predominio castellano y valenciano, y fija reglas sobre el alumnado, el profesorado y el uso de las lenguas cooficiales en los centros.

Modifica trece leyes de La Rioja para adaptarlas a la normativa nacional y mejorar la gestión de los servicios públicos. Regula vivienda, economía social, ciencia, cooperación, educación, convivencia escolar, función pública, igualdad, presupuestos, universidades y juego.

Modifica las normas de la Comunidad de Madrid sobre tributos cedidos por el Estado para ajustar la escala autonómica del IRPF, el mínimo personal y familiar, las deducciones autonómicas y los límites de renta. El ajuste se hace con un tipo del 3,1 por 100.

Modifica los importes de los módulos económicos por unidad escolar de varios niveles educativos en centros privados sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia. Ajusta las cuantías de bachillerato, formación profesional básica y determinados ciclos formativos a las fijadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Regula en la Comunidad de Madrid la libertad de las familias para elegir centro educativo y proyecto educativo, sin que el lugar de residencia lo limite. También ordena la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y las medidas de atención a la diversidad.

Crea dos agencias públicas de Andalucía: la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), que agrupa varios organismos de apoyo a la empresa, y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). Regula su naturaleza, fines, órganos de gobierno, personal y recursos.

La ley reconoce al profesorado de centros educativos de Andalucía la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Regula sus derechos, la protección jurídica y psicológica y las medidas de apoyo, así como la responsabilidad por daños a las instalaciones.