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Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas con fondos del Plan de Recuperación. Estas subvenciones financian inversiones de digitalización de redes de distribución eléctrica, infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico y proyectos estratégicos en la red de transporte eléctrica.

Modifica varias normas para impulsar la descarbonización del transporte y el uso de combustibles renovables. Fija objetivos de reducción de emisiones para el transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, y regula la verificación de la sostenibilidad de estos combustibles.

Actualiza el objetivo de venta o consumo de biocarburantes para 2026, modificando el Real Decreto 1085/2015 de fomento de los biocarburantes. Fija las nuevas metas que deben cumplir los proveedores de combustible ese año.

El real decreto aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras la crisis de electricidad del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos de informe e inspección a la CNMC y al operador del sistema, y simplifica la tramitación para generación renovable y almacenamiento.

Regula cómo se pide y se concede la autorización administrativa para crear redes de distribución de energía eléctrica cerradas. Estas redes suministran electricidad a una zona industrial, comercial o de servicios concreta y reducida geográficamente. Fija los requisitos, derechos y obligaciones de sus titulares y consumidores, y el procedimiento ante la Administración.

Modifica varias normas de seguridad industrial para aplicar el principio de reconocimiento mutuo de la Unión Europea. Así, se aceptan en España productos comercializados legalmente en otros países de la UE, aunque no cumplan exactamente las reglas técnicas nacionales.

Regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética para vehículos eléctricos. Establece los derechos y obligaciones de los operadores de puntos de recarga y de las empresas proveedoras de servicios para la movilidad eléctrica, y fija el régimen de autorización de infraestructuras de más de 250 kW.

Regula la concesión directa de subvenciones a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para invertir en digitalización de redes de distribución y en infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico, con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece la metodología para calcular cada año cómo se reparten entre los usuarios del sistema eléctrico los cargos que cubren sus costes regulados. Define la estructura de cargos, los periodos horarios, la facturación y el cálculo de los precios de potencia y energía.

Regula cómo se pide y se obtiene el permiso para usar y conectarse a las redes de transporte y distribución de electricidad. Establece los procedimientos, los plazos, las garantías económicas y las causas de caducidad de esos permisos.

Establece cómo se calculan los cargos del sistema gasista, la retribución regulada de los almacenamientos subterráneos básicos y los cánones que se pagan por usarlos. Fija los principios, la estructura y el procedimiento de cálculo de cada uno.

Regula un nuevo marco de retribución para instalaciones que producen electricidad con fuentes renovables. Ese marco se concede mediante subastas en las que se oferta potencia o energía y se compite por precio. Incluye un registro electrónico y reglas de liquidación.

Modifica y deroga normas sobre calidad y seguridad industrial. Elimina la homologación administrativa de ciertos productos y deroga reglas nacionales sustituidas por reglamentos europeos. También ajusta la regulación de la actividad industrial y los servicios en talleres de reparación de vehículos.